El diario El PaÃs de España reveló el jueves pasado que DÃaz Gilligan, el segundo del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, tenÃa una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un microestado europeo que hasta hace poco funcionaba como guarida fiscal. Según las constancias que publicó el diario español, el funcionario PRO figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un cien por ciento a la empresa panameña denominada Nashville North Inc. En la cuenta aparecÃan 1,2 millones de dólares.
Ante ese medio, DÃaz Gilligan se defendió asegurando que no era su dinero, sino que habÃa actuado como testaferro de Francisco “Paco” Casal, un empresario uruguayo que, según el dirigente macrista, tenÃa algunos problemas con el fisco de su paÃs y no podÃa figurar. Casal también aparece involucrado en el megaescándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate. “Paco Casal tenÃa problemas en su paÃs y me pidió el favor. TenÃa un juicio con el fisco que ganó y no podÃa figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mÃa”, sostuvo.
Admitirse testaferro no es la mejor explicación. Tal vez por eso el funcionario PRO luego modificó su defensa y dijo que aparece en esa empresa offshore “por solicitud de los titulares de la firma GolTV”, de la que era asesor en ese momento. “En 2012 asumà como director de la empresa británica Line Action LTD, dedicada a la intermediación deportiva. Mi vÃnculo con esta empresa finalizó en 2014, a raÃz de mi nombramiento como director de Promoción TurÃstica del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.
En la misma lÃnea fue la defensa que hizo ayer Marcos Peña: “Es muy importante marcar de qué se trata. Estamos dando una discusión del patrimonio de los funcionarios antes de entrar al Gobierno. En este caso, es un patrimonio previo a su ingreso a la función pública y si lo declararon o no lo declararon”, consideró. No obstante, las constancias publicadas por El PaÃs indican que DÃaz Gilligan abrió la cuenta en 2012, cuando ya era asesor en el gobierno porteño, con Mauricio Macri como jefe de gobierno. “No estamos hablando de fondos públicos, ni estamos hablando de corrupción, como ocurrÃa antes”, sostuvo Peña, ignorando ese dato.
Y puso como garantÃa de la transparencia de la investigación sobre DÃaz Gilligan a Laura Alonso, la funcionaria que salió a defender a Macri en el minuto uno en que se descubrieron sus offshores en Panamá.
“La Oficina Anticorrupción tiene plena autonomÃa para investigar. Tienen un mandato de ser severos en esto”, aseguró Peña. “Espero que el lunes se presente DÃaz Gilligan. Es una muy buena persona, un muy buen funcionario. Como dijo el Presidente: nosotros confiamos en nuestra gente. Que vaya a la Oficina Anticorrupción y presente todos los papeles”, dio por zanjada la cuestión.
“No tenemos problema, en caso de que hubiera una cuestión vinculada a la función actual, en poder hacer un apartamiento temporario”, dijo Peña, pero luego aclaró que no se referÃa ni al caso puntual de DÃaz Gilligan ni tampoco al del ministro de Finanzas, Luis Caputo, al que la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) lo sindica como controlante de la offshore Noctua, que –según publicó el periódico Perfil– creció un 35 por ciento mientras Caputo negociaba el pago a los fondos buitre.
DÃaz Gilligan, por su parte, dijo que probará junto con Laura Alonso que “la acusación es falsa”. Hoy se presentará ante la funcionaria macrista para que lo evalúe. Todo el proceso podrÃa durar hasta seis meses, dado que intervendrán distintos estamentos, todos dependientes del presidente Macri.
La decisión de mantener a los funcionarios ante las denuncias es similar a la que tomó el Presidente con Triaca, quien ayer en un reportaje con ClarÃn indicó que le presentó su renuncia a Macri y este se la rechazó. “Él me dijo: ‘Tenés que seguir adelante, tenés una tarea importante’. Sentà su respaldo, el de Marcos Peña y el de todo el Gabinete”, indicó.
No obstante, la negativa de Macri a remover al subsecretario general de la Presidencia, o incluso a apartarlo temporalmente, ya trajo las primeras consecuencias con sus aliados. El jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, estimó que “DÃaz Gilligan, funcionario, deberÃa pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder”. “No es condena, la ‘vara’ sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo”, advirtió.
La diputada de la Coalición CÃvica Paula Oliveto Lago se diferenció del planteo de Peña de dejar todo en el ámbito de la SecretarÃa de Lucha contra la Corrupción, que conduce Laura Alonso. “El lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas es la Justicia. DeberÃa tener un rol fundamental la FiscalÃa de Investigaciones Administrativas. Hay que respetar la división de poderes”, dijo. Oliveto aclaró que no tiene nada contra Alonso, pero que el ámbito para investigar casos como éste debe ser el Poder Judicial.