El Gobierno salió al cruce de la Justicia, luego de que cambiara la carátula de la causa sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa y pasara de “apropiación indebida de tributos” a “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. El propio Mauricio Macri aseguró que lo indignó el fallo de la Sala I de la Cámara Federal. Pero el juez Eduardo Farah, que votó a favor de la libertad de ambos, le contestó con dureza.
“Creo que el Presidente estuvo mal informado. Quizás no haya tenido tiempo de leer la resolución”, aseguró Farah en una entrevista. Y consideró que “tiene derecho a dar su opinión, aunque tendría que medirse un poco”.
Mientras tanto, consultado por el fallo que benefició a los empresarios, afirmó: “Escuché un montón de opiniones ni bien tomamos la decisión, pero no reflejan lo que dice la resolución. El fallo está bien dictado”.
Acto seguido, se le preguntó por las declaraciones de López, que denunció que “no estuvo preso sino secuestrado”. Pero el juez no dejó lugar a dudas: “No estuvo secuestrado; estuvo detenido en virtud de una resolución judicial que fue declarada incorrecta en una instancia superior”. Sin embargo, defendió al juez federal Julián Ercolini, que procesó a ambos. “Es un buen juez pero se equivocó”, afirmó Farah.
En ese sentido, criticó el fallo previo que había llevado a López y De Sousa a la cárcel. “El único riesgo de entorpecimiento que había invocado el juez de primera instancia estaba equivocado”, subrayó en una entrevista con el programa Animales Sueltos, en América.
A su vez, Farah resaltó que ninguno de los dos podrá disponer de sus bienes, ya que están inhibidos. “No pueden comprar un medio, como así también no pudieron vender su empresa”, afirmó y agregó: “El delito es doloso, porque tuvieron intención de no depositar el dinero y capitalizaron la plata”.
Finalmente, concluyó: “Esto no le cambia nada respecto al punto de vista de las penas, la pena de defraudación contra administración pública tiene una escala penal que va de dos a seis años de prisión”.
López y De Sousa están presos desde mediados de diciembre de 2017, acusados de haberse apropiado de $ 8000 millones del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) para financiar la expansión del Grupo Indalo, el holding económico que creció de manera colosal durante los gobiernos kirchneristas.
Fuente: SFA/SM
