En cambio, desvinculó, como el caso del extitular de la DAIA, Rubén Beraja, o pidió la absolución a otros vinculados con el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, al sostener que esa suma no se pagó para desviar la causa, sino que "se le pagó para que diera información verídica".
A Menem se lo consideró "autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que concurre formalmente con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas", estos últimos como instigador, por lo que se reclamó la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por ocho años para ejercer cargos públicos.
El abogado Gabriel Camiser consideró a Menem como "instigador" en el desvío de la llamada "Pista Siria" para impedir la investigación del ciudadano de esa nacionalidad Jacinto Kanoore Edul, un allegado a la familia presidencial, mediante una llamada telefónica al ex juez Galeano.
Precisamente, respecto a Galeano, lo acusó como autor de los delitos de "encubrimiento por favorecimiento personal, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y prevaricato" y a Anzorreguy como "partícipe necesario del delito de encubrimiento; que, a su vez, concurre en forma ideal con los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor".
En la audiencia, el representante de la mutual judía explicó que este proceso no aportó elementos de prueba para esclarecer el atentado que mató a 86 personas en 1994 y por el que la entidad judía responsabiliza a Irán.
"La pista siria no llevó a ningún lado. No obstante, había que investigar a Kanoore Edul y no se lo hizo correctamente. Por la omisión de investigar y las irregularidades cometidas, señalamos la responsabilidad del poder político, el juez y la ex Side", explicaron desde la cuenta oficial de AMIA en Twitter.
Y agregaron que "los elementos que se han acumulado en este juicio corroboraron que la voluntad de Carlos y Munir Menem fue instrumentada obedientemente por el ex juez Galeano" y que "a Kanoore Edul se lo siguió investigando, y nunca se demostró que fuera una persona que tuviera que ver con el atentado contra la AMIA".
En este juicio se investigó el abandono deliberado de la llamada pista siria pero, además, el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín (último tenedor de la Traffic), cuando involucró a miembros de la Policía bonaerense en la autoría del atentado, en el que no está acusado Menem pero sí Galeano; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; Anzorreguy; y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, a quien se acusa de haber prestado apoyo para la maniobra. .
"Creemos que no corresponde que se castigue como un delito este pago. No se le pagó para mentir o para culpar a sabiendas a gente inocente. Se le pagó para que diera información verídica en la causa", indicó la entidad de la comunidad judía.
Y agregó que "el pago no torció la dirección de la investigación, la verdad de los hechos", ya que "siempre se demostró que hubo una camioneta Traffic, que hubo una conexión local que entregó esa Traffic a Hezbolá, y que con la colaboración de Irán, cometieron el atentado en la AMIA".
Respecto al resto de los acusados, la AMIA y la DAIA pidió tres años de prisión para el subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar; el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda; y el ex comisario Jorge Alberto Palacios.
En cambio, solicitó la absolución de Telleldín, Patricio Miguel Finnen, Víctor Alejandro Stinfale y Ana María Boragni, por el delito por el cual les fue requerido juicio, y confirmó desvinculación del ex titular de la DAIA Rubén Beraja.
"Esta postura institucional no es de hoy, no es antojadiza, no responde a ninguna coyuntura ni a ningún interés político, sino que, por el contrario, es la postura que con coherencia, las instituciones han venido manteniendo a los largo de los años.
Pues bien, señores jueces, las instituciones siempre se opusieron a esa versión revisionista de esta historia según la cual toda la causa AMIA fue un armado arquitectónico, y luego de más de dos años de juicio oral, tenemos hoy la certeza de que esa conspiración no existió", indicó Camiser.
Agregó que hoy existen "líneas de investigación absolutamente firmes y consolidadas con prueba judicial, avaladas por la comunidad internacional a través de Interpol, que mantiene vigentes los pertinentes pedidos de captura internacional", a pesar de lo cual "en la causa AMIA principal, sigue reinando la impunidad".
"Es necesario empezar a romper de una vez por todas con ese círculo vicioso de impunidad, que lo único que hace es dilapidar los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la idea de que en la causa AMIA ´estamos a fojas cero´, como se dijo cuando se intentó justificar la firma del pacto con Irán", sostuvo.
Y pidió al tribunal que "no dude en dictar condenas cuando las pruebas así lo exijan" pero que "tampoco dude en dictar absoluciones para aquellos casos en los que el principio de inocencia no ha sido derribado".
Finalmente, Camiser instó a que pronto la Justicia fije la fecha de inicio del juicio, que la Corte Suprema de Justicia solicitó en 2009 para volver a juzgar a Telleldín.
La pista siria en la OEA
El abogado defensor de Kanoore Edul, Juan Gabriel Labaké informó hoy que la Comisión interamericana de Derechos Humanos, "ofreció mediar" en el caso por las aucsaciones contra el ciudadano sirio,"luego de 12 años de intensos y prolongados trámites".
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH decidió mediar, para alcanzar una solución amigable en la denuncia efectuada ante ese organismo regional por Alberto Jacinto Kanoore Edul, con mi patrocinio profesional", indicó.
Según recordó Labake "Kanoore Edul presentó esa denuncia ante la CIDH el 6 de julio de 2006. En ella acusó al gobierno argentino de haberlo acusado falsamente de participar en el atentado a la AMIA, y haberlo hecho por presiones de EEUU e Israel".
Por último, confirmó el letrado que "Kanoore Edul ha aceptado dicha mediación de la CIDH, y ahora quedamos a la espera de la respuesta del gobierno argentino".
FUENTE: NA
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