jueves, 6 de diciembre de 2018

Freno a los disparos

Además del gobernador, la defensora Jaquelina Balangione, la diputada Rodenas y Agustín Rossi criticaron el decreto que amplía las facultades de policías para abrir fuego.


El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, descartó de plano aplicar en la policía de la provincia el nuevo protocolo de uso de armas fuego que dispuso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para las fuerzas federales y que les permite usar armas letales en caso de que "resulten ineficaces otros medios no violentos". "Nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la Provincia, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso", explicó el mandatario santafesino. Así, salió al cruce de la resolución que permite a los efectivos federales abrir fuego contra los delincuentes aunque estén en fuga. "No tenemos prevista ninguna alteración respecto del accionar policial", destacó Lifschitz a Telefé Rosario. "Nuestra exigencia respecto a la policía es que actúe con firmeza, en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional".

La palabra oficial tardó, pero llegó pasado el mediodía. Antes, la defensora provincial Jaquelina Balangione, cuestionó el nuevo reglamento de las fuerzas federales que impulsó Bullrich, al que calificó de "inconstitucional", aseguró que este protocolo es una "herramienta normativa muy peligrosa e innecesaria y vaticinó que lo único que "traerá es más violencia".

Balangione expresó su preocupación por el "valor comunicativo" del protocolo, ya que "le dice al policía 'dale, levantamos la barrera y se puede'. Y esto va a traer una repercusión negativa en la sociedad porque va a generar más enfrentamientos y la posibilidad de que paguen justos por pecadores".

Un gran número de dirigentes alertaron sobre la posibilidad de fusilamientos, el alejamiento del estado de derecho y la preparación de un modelo represivo. Entre ellos la diputada nacional del PJ Alejandra Rodenas consideró el decreto como un retroceso total y absoluto". La ex jueza opinó que "con esta resolución el país se aleja un poco más del Estado de Derecho".

Además la legisladora nacional analizó que "la sociedad está reclamando mayor presencia del Estado, seguridad y eficacia a la hora de recibir por parte del Poder Judicial sanciones que sean justas. Todos estos reclamos son claros y justos, pero no nos tienen que hacer perder de vista que esto debe hacerse en el marco de las garantías constitucionales y del principio de inocencia".

"Es fundamental e imperativo la regulación con normas claras del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Por un lado para instruir y que el propio policía tenga en claro cómo debe hacer su trabajo, para que pueda pueda encarar las situaciones difíciles de su desempeño, pero fundamentalmente para que la población no vea agravada sus riesgos de inseguridad con un uso indiscriminado de la fuerza que reproduce la violencia", pidió la diputada.

En este sentido Rodenas, recordó el crimen de Jonatan Herrera, asesinado por oficiales de la Policía de Acción Táctica. "Jonatan era un joven que se encontraba lavando su auto en las calles de un barrio rosarino y de un instante a otro murió a balazos por parte de oficiales que lo confundieron con un presunto sospechoso que había robado en una juguetería. Estas son las consecuencias claras y manifiestas que producen este tipo de políticas en materia de Seguridad Pública", aseveró.

Finalmente el diputado nacional Agustín Rossi coincidió: "El gobierno de Macri autorizó a las fuerzas de seguridad de Bullrich a usar armas de fuego, aun cuando la persona sospechada esté desarmada. Cuando cambiamos Estado de Derecho por disparos por la espalda, toda la ciudadanía está en peligro. El crimen organizado se ríe, impune".
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