El exjuez federal santafesino Víctor Brusa está preso desde 2005 y debía cumplir una condena efectiva de 23 años -hasta 2028- producto de diferentes juicios por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, y luego de rechazar en varias oportunidades el pedido de la defensa de Brusa para que se le conceda la prisión domiciliaria, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal finalmente aceptó el planteo formulado y otorgó al exmagistrado este beneficio.
Brusa fue el primer juez del país destituido por el Consejo de la Magistratura debido al caso Pedernera, aquel nadador gravemente herido por el magistrado, quien literalmente le pasó por arriba por su lancha, lo abandonó e intentó distintas coartadas para evitar sus responsabilidades.
Luego, la Justicia Federal lo condenó por distintos delitos de lesa humanidad: 21 años de prisión en la Causa Brusa I (torturas y secuestros), siete años en la Causa Brusa II (asociación ilícita) y tres años en la causa “La Casita”.
La defensa argumentó que Brusa "padece una enfermedad psiquiátrica de larga data, por lo menos desde 2006, que se fue evolucionando y agravándose a lo largo de los 12 años de detención", según consta en el resolusión al que accedió LT10.
Además, indican que el deterioro cognitivo actual "evolucionó negativamente como consecuencia de las condiciones de encierro y el alejamiento de los vínculos familiares".
Por su parte, la resolución judicial justificó que debido a la edad y a las condiciones de salud es que se beneficia a Brusa con el arresto domiciliario. "El acusado se encuentra privado de libertad desde el 2 de febrero de 2005, por lo que la expresión de impunidad que podría significar la obtención de la morigeración penitenciaria, se encuentra neutralizada en razón del tiempo de detención transitado por el incusado hasta la fecha (próximo a los 13 años y 9 meses)", precisa el fallo.
Brusa fue secretario del juez federal Fernando Mántaras durante la última dictadura cívico militar y según las condenas que recibió presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4 de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos con que si no firmaban serían atormentados nuevamente.
