Ante el Procurador General de la Nación, el juez Alejo Ramos Padilla presentó un informe en el que detalla los delitos que le imputa al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, acusado de presunta extorsión.
En su escrito, el magistrado habló de “planes delictivos” al referirse a la actividad del fiscal y remarcó que se encuentra imputado por ordenar investigaciones paralelas no autorizadas, maniobras de espionaje y actuación conjunta con el presunto abogado Marcelo D’Alessio.
El juez señala que Stornelli conocía a D’Alessio como agente de la agencia estadounidense contra el narcotráfico, la DEA, y que por tanto sabía que el falso abogado “no poseía atribuciones legales” para realizar investigaciones judiciales. “Actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión”, remarca el magistrado. Agrega que las víctimas de esas extorsiones luego en algunos casos eran obligadas a declarar en la fiscalía a cargo de Stornelli.
También lo acusa de haber reclamado operaciones de espionaje –filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados: “Se le imputa haber reclamado a Marcelo D ́Alessio que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, imputado en el marco de la causa Nro. 9608/2018 denominada ‘Cuadernos’, cuya investigación está a cargo del propio Stornelli”, apunta Ramos Padilla.
De esta manera, el juez respondió a un pedido del Procurador, quien manifestó su necesidad de saber en qué causas se encuentra imputado el fiscal para poder avanzar con la investigación administrativa en su contra y así analizar el accionar de Stornelli.
En esta investigación, Stornelli se negó a presentarse a declaración indagatoria y recusó a Ramos Padilla. Además, el fiscal pidió la nulidad del proceso en su contra ya que, desde su punto de vista, el magistrado mostró “la clara perdida de objetividad”, “temor de parcialidad” y “explicitado prejuzgamiento”.
“El proceso no puede ser llevado de manera discrecional; existen límites de orden jurídico cuyas formas deben ser respetadas, es mas, en un estado de derecho, las formas procesales son la guía y el orden de una actividad procesal”, añadió. Por ello acusó que “los “actos procesales” irregulares carecen de validez, dicho de otra manera, estas irregularidades atacan las formas procesales”.
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