Este miércoles comenzará el juicio oral por la fatal explosión de calle Salta 2141 en la ciudad de Rosario, a poco de cumplirse seis años del hecho. El proceso penal, que se estima tendrá un mes y medio de duración, lleva a once personas al banquillo de los acusados, entre ellas empleados de Litoral Gas, por el delito de estrago culposo agravado.
En tanto, alrededor de 130 testigos desfilarán por el Centro de Justicia Penal donde se desarrollará el mismo.
La explosión ocurrió el 6 de agosto de 2013 por un escape de gas en el edificio situado en calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario. Por el hecho murieron 22 personas.
Las audiencias se realizarán todos los lunes, miércoles y jueves, por la mañana, y los martes, por la tarde. El tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva. Además, intervendrán cuatro fiscales: Graciela Argüelles, Valeria Piazza Iglesias, Miguel Moreno y María Eugenia Iribarren.
La jornada de hoy estará compuesta por los alegatos de la Fiscalía, la querella y los defensores de los imputados.
En tanto, la Fiscalía que instruyó la causa impulsó el sobreseimiento del primer gasista y el agente de Litoral Gas que actuaron el 25 y 26 de julio al considerar que no hay elementos de prueba para juzgarlos.
El reclamista de la firma es Gerardo Bolaño y el gasista, José Luis Allala. Ambos intervinieron unos diez días antes de la explosión.
La fiscal Argüelles explicó que se tomó esa decisión porque "no hay prueba para vincularlos, y tampoco se podrá producir prueba durante el juicio para que así sea". Se verá en las próximas horas si esto es convalidado.
Argüelles fue la encargada de llevar adelante la investigación desde el viejo sistema judicial penal. La pesquisa demandó unos 35 meses antes de ser elevada a juicio en 2015, a lo que después se sumó la realización de una nueva pericia que concluyó el año pasado.
Negligencias
La teoría de la Fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.
De acuerdo con esta teoría, once personas fueron procesadas por el delito de estrago culposo agravado. Carlos Osvaldo García, el gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, ayudante de García; Guillermo Oller y Luis Curaba, inspectores de Litoral Gas, además del mencionado Bolaño. La lista también incluye a Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa; Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de la firma; Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del consorcio del edificio, y Allala, el otro gasista que intervino días antes de la tragedia para reparar el gabinete de gas.
Los únicos que quedaron como querellantes en la causa, los padres de la fallecida Débora Gianángelo, tienen una hipótesis similar a la de Fiscalía. Según sostiene su abogado, Luis Rossini, el siniestro es producto de la negligencia e impericia de todos los que intervinieron para resolver los desperfectos que presentaba la red de gas del edificio.
FUENTE: LA CAPITAL
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