El juez Alejo Ramos Padilla, a través de su abogado, que es su padre, Juan Ramos Padilla, solicitó la recusación de Miguel Angel Pichetto y Juan Mahiques del expediente que pesa sobre él en el Consejo de la Magistratura y que inició el Poder Ejecutivo a raíz de su papel en la investigación del caso D´Alessio.
En su argumento, Ramos Padilla recordó que el pasado 17 de marzo Macri “anunció públicamente su intención de destituir” a su hijo. Desde ese momento, “mi defendido ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte del Poder Ejecutivo, sus aliados políticos y los medios afines al Gobierno que se vienen incrementando a partir del avance del proceso electoral”, señala la denuncia.
“A partir de la orden pública del presidente de la nación de destituir al juez comenzó una feroz persecución que incluía también amenazas futuras y rencores pasados”, añade el texto.
A su vez, expresó sobre el rol de Miguel Pichetto que “resulta claro que si es el presidente Macri quien impulsa la remoción de mi asistido, su compañero de fórmula, el senador Pichetto –que antes representaba a la oposición y ahora al oficialismo– no puede intervenir en el proceso en el que se busca sancionar a un juez que investiga una causa que incomoda al PEN y sus aliados; ya que está claro que no puede –y mucho menos lo hará en campaña electoral– ir en contra de los intereses y decisiones de quien encabeza la fórmula del oficialismo que representa”.
“Es evidente que con el traspaso del señor Pichetto (al oficialismo) se quebró el equilibrio que proclama el artículo 114 de la Constitución, lo que torna inconstitucional su intervención y se afecta el debido proceso legal, la independencia judicial y numerosas garantías constitucionales”, agrega, y recuerda que la Ley del Consejo dice que lo consejeros duran cuatro años en sus cargos pero “si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados” deben ser reemplazados por sus suplentes, en este caso es el senador Mario Pais.
“Está claro que en la causa ‘D’Alessio’ se investigan numerosas actividades de espionaje e inteligencia prohibidas por la ley 25.520 (de Inteligencia Nacional)”, pues “hay decenas de personas involucradas entre víctimas, procesados, detenidos, indagados, rebeldes, querellados y querellantes que excede ampliamente la actuación de un fiscal de la Capital Federal”, explicó el defensor y padre del juez en el documento elevado al Consejo.
Por lo tanto, “éste es un caso paradigmático, que justifica hacer lugar a lo solicitado y que los consejeros que intervengan en este proceso no tengan intereses políticos, partidarios, personales y/o funcionales y exhiban claridad y transparencia en el ejercicio de contralor de la función judicial”, agrega el escrito.
