Golpe por golpe. Esa es la estrategia que se trazó desde Comodoro Py para volver a retomar la iniciativa y contrarrestar el efecto destructivo que tuvo la causa por espionaje ilegal que se tramita en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Un movimiento de pinzas en varios frentes apunta a intentar revitalizar la hipótesis de un complot cuyo objetivo es restarle fuerza a los hallazgos derivados del caso que involucra al falso abogado Marcelo D´Alessio y que podrían derivar en la propia imputación y llamado a indagatoria del magistrado que puso en jaque el fiscal Carlos Stornelli. Hay presiones directas hacia la Cámara Federal de Casación Penal -que debe decidir acerca de la competencia del juez- y dirigidas a sembrar el terreno para que Claudio Bonadio avance en la denuncia que planteó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, basada en anónimos sobre escuchas que les facilitó el Servicio Penitenciario Federal sobre comunicaciones que mantuvieron presos K.
La “guerra de carpetazos” que Ámbito Financiero describió en sus comienzos con el cruce de acusaciones por una red de espionaje paraestatal y la amenaza que puede cernirse sobre la causa “cuadernos” inauguró una nueva etapa. El punto de inflexión fue la ratificación de Ramos Padilla de manera “provisoria” al frente de la investigación. El operativo pergeñado desde los tribunales de Retiro implica mucho más que el salvataje a Stornelli, cuya situación se había complicado tras la ratificación de su rebeldía y de la permanencia de Ramos Padilla al frente del caso. Significa -como contó este diario- evitar que el asunto se transforme en un “Watergate” para la administración de Mauricio Macri. Eso implica que se hayan magnificado las barreras defensivas a distintas escalas: tanto en la AFI que conduce Gustavo Arribas como en el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, dos de los lugares donde husmeó Ramos Padilla. Sorpresivamente, el plan contó con apoyo mediático que consistió en la difusión de escuchas realizadas a presos K, que ya habían sido presentadas como denuncia penal el 11 de febrero. Esas interferencias telefónicas tenían como objeto a Mario Segovia (el “Rey de la Efedrina”) pero nadie indicó de qué manera esos registros que debieron haber sido destruidos si no hacían al efecto de la investigación terminaron alimentando un show que contravino elementales garantías de protección, cuando no se trata de hechos ilícitos. Además, arrastran en su origen la nulidad como elementos de prueba.
El caso denunciado por la Coalición Cívica recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Stornelli, a su vez, había planteado una denuncia idéntica realizada a través de un anónimo que se tramitó en el juzgado de su archienemigo Luis Rodríguez. El fiscal Jorge Di Lello investigó y concluyó que los personajes involucrados se superponían con los de Dolores. Se la envió a Ramos Padilla, que la rechazó. Stornelli aguardó la difusión de un puñado de escuchas poco explícitas para alimentar la causa de Bonadio (no la de Rodríguez) y su defensa solicitó la indagatoria de los protagonistas involucrados en las conversaciones. Bonadio aguarda el momento para pedir la inhibitoria de Rodríguez y agrupar los expedientes por el supuesto complot. Definirá en caso de controversia el camarista Martín Irurzun. ¿Qué pasaría si luego Bonadio convoca a indagatoria a Ramos Padilla como partícipe de esa confabulación? Sería uno por uno en la guerra desatada en tribunales y una razzia que funcionaría de contraofensiva al daño efectuado a la causa “cuadernos”, grogui desde el estallido del caso D´Alessio.
En despachos oficiales sostienen que el respaldo hacia Stornelli proviene de reuniones periódicas que mantiene en el despacho del fiscal de Casación, Raúl Pleé, en las que participaría el abogado y exjuez Fernando Archimbal. En momentos en que varios de sus colegas se declararon prescindentes, el apoyo de la “línea Boca” resultó fundamental para otorgarle respaldo al fiscal que encontró apoyo en el propio Macri (que lo exhibió cerca en un acto del Ejército) y en el procurador interino Eduardo Casal, que evitó decisiones drásticas y ganó 60 días para tramitar un expediente administrativo que concluirá que debe presentarse a la indagatoria convocada por Ramos Padilla. La situación de Pleé no pasó desapercibida para los operadores K, que planean recusarlo por su activa participación en la Comisión de Seguridad de Boca Juniors junto a Stornelli. El fiscal general debe intervenir en el recurso de Casación concedido por la Cámara Federal de Mar del Plata a la cuestión de la competencia, eje del dilema para correr a Ramos Padilla de la cancha.
La Sala II de Casación también está bajo fuego: el lunes pasado, el consejero de la Magistratura Pablo Tonelli resucitó un expediente sancionatorio contra Alejandro Slokar por haber presuntamente demorado una definición sobre el revoleador de bolsos José López. Horas después de haber sido capturado, esa sala dispuso rechazar una “excepción por falta de acción” a favor del exfuncionario que venía siendo investigado sin resultados. Se sumó a actuales presiones contra Ángela Ledesma, la única que se avino a abrir el recurso de Casación para la recusación fallida de Ramos Padilla. Guillermo Yacobucci, por su parte, ya se había expedido por dejar a salvo “la cuestión de la competencia” cuando ratificó al juez de Dolores. Por lo que podrían ordenar que sea Comodoro Py quien se quede a cargo de la investigación por espionaje ilegal. Detectaron intervención de trolls en el camino. Del otro lado, Stornelli intentará evitar que sea Javier De Luca el fiscal que reemplace a Pleé en el tratamiento del recurso porque podría sepultarlo con los argumentos de que no existe sentencia definitiva, no hay denegatoria de caso federal y no hay motivo para correr al juez.
A Ramos Padilla no solo el Consejo de la Magistratura lo notificó por el artículo 11 del reglamento de sanciones de la unificación de dos denuncias en su contra -una de la CC y otra del Gobierno- sino desde Bahía Blanca volvieron a poner la lupa en su interinato en esa localidad y un fiscal adjunto pidió abrir una investigación por irregularidades, a las que se quiere agregar supuesta negligencia a la hora de tramitar una causa por usina de facturas apócrifas ligadas a Lázaro Báez. Casación deberá dedicarse a las audiencias de excarcelación de Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, primera prueba de fuego en este contexto. El otro punto a analizar es el rol del “Área 50”, la división interna del Servicio Penitenciario Federal destinada a hacer inteligencia sobre los internos. ¿Podría no ser la AFI la difusora de escuchas? ¿Podría haber una denominada “precausa” que habilite intervenciones telefónicas sobre todos los módulos de detenidos VIP de Ezeiza y Marcos Paz? ¿Incluiría un control de visitas a los detenidos y de grabación de sus conversaciones con sus abogados en las salas de reunión? Los abogados defensores de varios de los detenidos dan todos estos factores como un hecho.
