La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que que cada departamento del país hago lo mismo.
Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral, según el diario boliviano Los Tiempos.
Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.
Al leerse el texto de la nueva ley electoral en un acto en el Palacio Quemado, se explicó que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar -entre ellas el MAS-, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución.
El sábado tarde, luego de que los diputados aliados de Áñez y los del MAS de Morales acordaran el texto en general y en detalle, el senador masista Ciro Zabala defendió las negociaciones y el producto final.
"La ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros", explicó el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Ciro Zabala al defender el acuerdo.
Poco después, el presidente de la Cámara, el masista Sergio Choque, anunció: "No habiendo mayores consideraciones, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", según informó la agencia de noticias boliviana ABI.
Tanto el MAS, con Morales a la cabeza, como las fuerzas que apoyan a Áñez sostienen que esta ley podría ser el inicio de una salida institucional para la crisis que desató la renuncia del presidente, hoy exiliado en México, y su denuncia de un golpe de Estado.
Tras esta denuncia y su salida del país, el gobierno de facto desplegó a los militares en la calle y, en conjunto con la policía, reprimió protestas masivas y bloqueos de rutas, calles y plantas de hidrocarburos, liderados por campesinos e indígenas, muchos de ellos simpatizantes de Morales.
Desde la renuncia de Morales, fallecieron 24 personas, la mayoría por heridas de bala, y desde los días previos, más de 30.
Fuente: Rosario3.com
