Esto fue acordado entre Alberto Fernández y los gobernadores, aunque habrá excepciones en aquellas localidades con bajo nivel de contagios. En principio, los infractores de esta nueva medida serán denunciados ante la Justicia, dado que la violación a las nuevas disposiciones estará comprendida en el artículo 205 del Código Penal.
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, está estipulado dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal.
Es un delito doloso, que requiere del conocimiento y la voluntad de quien realiza esa conducta tanto por omisión, como por violación de la prohibición.
También cada provincia, en caso de infracción al decreto oficial, podrá aplicar multas, disponer el secuestro de vehículos y desplegar fuerzas de seguridad en zonas de vacaciones de la costa y en la Patagonia.
La decisión de la Casa Rosada se complementará con una nueva reducción de los vuelos internacionales y la obligatoriedad de testeos PCR incluso para pasajeros de vuelos de cabotaje. También se reduciría la cantidad de personas habilitadas para las reuniones al aire libre, volviendo a un máximo de 10.
Estas nuevas restricciones, acordadas con los gobernadores, buscan frenar el incremento de los contagios sin golpear demasiado la actividad económica, especialmente en el sector turístico que apuesta a la temporada para recuperarse de un año muy difícil. Por eso se fijó como límite las 23, para no afectar a la gastronomía y otros servicios nocturnos. En ese sentido, el gobernador santafecino Omar Perotti reconoció en el encuentro con el Presidente y sus pares que el toque de queda “es lo que mejor resultado nos dio cuando se complicó Rosario y la ciudad de Santa Fe”.
Fuente: IP
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