El certificado, pensado para facilitar el movimiento entre paÃses de la Unión Europea y para habilitar el ingreso a espacios públicos, enfrenta a grupos antivacunas y de ultraderecha con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Tildado de "ilegal" por grupos antivacunas y de ultraderecha y defendido con argumentos epidemiológicos y económicos por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, el pase sanitario contra el coronavirus ya es una realidad en varios paÃses de Europa y su implementación promete ser tema de debate en otras latitudes a medida que avanzan las campañas de inmunización.
Surgido en principio para facilitar el viaje entre miembros de la Unión Europea (UE) y para habilitar el ingreso a espacios públicos como restaurantes y espectáculos, en un intento de reflotar el turismo y la economÃa golpeados por la pandemia, el uso de este tipo de certificados se extendió hasta el transporte y las instituciones educativas.
Aunque los contagios vuelven a expandirse por la variante Delta, un heterogéneo sector de la población que incluye antivacunas, libertarios y grupos de ultraderecha se oponen a su utilización con argumentos que van desde el ataque a las libertades civiles, discriminación y la filtración de datos personales, entre otros.
Orsolya Reich, representante de la ONG Civil Liberties Union for Europe, piensa lo contrario: “En sociedades democráticas puede ser necesario restringir la libertad de una persona para asegurarse de que se respeten los derechos de todos. En consecuencia, bajo ciertas circunstancias, puede ser legal no permitir que personas no vacunadas ingresen a ciertos lugares”.
“El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino también a quienes los rodean”, añadió en declaraciones a Télam el oficial de la organización con sede en BerlÃn.
El Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad judicial en el tema, lo entendió asà al avalar la legalidad de la ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Congreso, por la que desde el lunes pasado hay que presentar el certificado para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y también para realizar trayectos largos en avión, tren o micro.
Sin embargo, esta medida, que incluye además la vacunación obligatoria para el personal sanitario, encontró la resistencia de multitudinarias marchas que desde hace cuatro sábados inundan las principales ciudades francesas con consignas a favor de la “libertad” y en contra de la “discriminación” ante la "imposición" de un pase que consideran “ilegal”.
Este tipo de protestas se replicaron en Italia, Reino Unido y Alemania y, aunque en muchos casos fueron numerosas, representan a un sector minoritario de la sociedad si se toma en cuenta que el porcentaje de adultos inmunizados con al menos una dosis en esos paÃses tiene un piso de 75% y llega hasta el 89% entre la población británica.
El certificado sanitario está vigente también con matices en Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica y, fuera de Europa, existe en Israel y China, mientras que la ciudad de Nueva York y la provincia canadiense de Quebec pondrán en marcha una iniciativa similar, al igual que la provincia de Buenos Aires en la que existe una norma que amplÃa el aforo de establecimientos para vacunados.
Tildado de "ilegal" por grupos antivacunas y de ultraderecha y defendido con argumentos epidemiológicos y económicos por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, el pase sanitario contra el coronavirus ya es una realidad en varios paÃses de Europa y su implementación promete ser tema de debate en otras latitudes a medida que avanzan las campañas de inmunización.
Surgido en principio para facilitar el viaje entre miembros de la Unión Europea (UE) y para habilitar el ingreso a espacios públicos como restaurantes y espectáculos, en un intento de reflotar el turismo y la economÃa golpeados por la pandemia, el uso de este tipo de certificados se extendió hasta el transporte y las instituciones educativas.
Aunque los contagios vuelven a expandirse por la variante Delta, un heterogéneo sector de la población que incluye antivacunas, libertarios y grupos de ultraderecha se oponen a su utilización con argumentos que van desde el ataque a las libertades civiles, discriminación y la filtración de datos personales, entre otros.
Orsolya Reich, representante de la ONG Civil Liberties Union for Europe, piensa lo contrario: “En sociedades democráticas puede ser necesario restringir la libertad de una persona para asegurarse de que se respeten los derechos de todos. En consecuencia, bajo ciertas circunstancias, puede ser legal no permitir que personas no vacunadas ingresen a ciertos lugares”.
“El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino también a quienes los rodean”, añadió en declaraciones a Télam el oficial de la organización con sede en BerlÃn.
El Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad judicial en el tema, lo entendió asà al avalar la legalidad de la ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Congreso, por la que desde el lunes pasado hay que presentar el certificado para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y también para realizar trayectos largos en avión, tren o micro.
Sin embargo, esta medida, que incluye además la vacunación obligatoria para el personal sanitario, encontró la resistencia de multitudinarias marchas que desde hace cuatro sábados inundan las principales ciudades francesas con consignas a favor de la “libertad” y en contra de la “discriminación” ante la "imposición" de un pase que consideran “ilegal”.
Este tipo de protestas se replicaron en Italia, Reino Unido y Alemania y, aunque en muchos casos fueron numerosas, representan a un sector minoritario de la sociedad si se toma en cuenta que el porcentaje de adultos inmunizados con al menos una dosis en esos paÃses tiene un piso de 75% y llega hasta el 89% entre la población británica.
El certificado sanitario está vigente también con matices en Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica y, fuera de Europa, existe en Israel y China, mientras que la ciudad de Nueva York y la provincia canadiense de Quebec pondrán en marcha una iniciativa similar, al igual que la provincia de Buenos Aires en la que existe una norma que amplÃa el aforo de establecimientos para vacunados.
Fuente: Télam
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