El rechazo a los planteos de nulidad de la defensa de Blaquier, que tiene 92 años, y de Lemos, fue firmado por el juez federal Esteban Eduardo Hansen, que dispuso de eso modo la elevación a juicio de los empresarios por los presuntos delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada en 20 hechos».
Una causa emblemática
Las víctimas de esa causa son Delicia del Valle de Narváez, Hipólito Álvarez, Raúl Bartoleti, Alfonso Cordero, Eulogia Cordero de Garnica, María Cortez, Norma Castillo, Salvador Cruz, Luis Escalante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Garnica y Rufino Lizárraga.
A ellos se suman Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Oscar Alfaro Vasco, Luis Alfaro Vasco y Jhonny Vargas.
En agosto el mismo juzgado había elevado la causa llamada «Luis Aredez y otros», que también implica a Blaquier y a Lemos por resultar presuntos partícipes en grado de cómplice primario y secundario, respectivamente, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada -en tres hechos- cometidos en perjuicio de Luis Ramón Aredez (desaparecido), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Las querellas y los organismos de derechos humanos de Jujuy sostuvieron que el Tribunal Oral Federal de esa provincia deberá fijar fecha de audiencia de juicio, aunque queda pendiente una revisión médica del dueño de la empresa Ledesma prevista para el 20 de octubre próximo.
El 8 de julio la Corte Suprema había dejado sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación, que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos, y además ordenó que se dicte una nueva sentencia. Asimismo, el pasado 5 de agosto la Sala IV de Casación resolvió declarar «inadmisibles» los recursos interpuestos por los acusados y la causa regresó al juzgado de origen en Jujuy.
«La noche del Apagón», es como se denomina a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Por esos hechos, Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios. Están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.
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