Después de la caída de la actividad económica que trajo la pandemia de coronavirus, que logró que 2020 sea el año de mayor retroceso desde la Segunda Guerra Mundial, la recuperación que comienza a registrarse (con fuertes desigualdades entre naciones más o menos desarrolladas, en relación con los avances de las campañas de inmunización) trae nuevos problemas económicos, sobre todo el de la inflación, un tema que los argentinos ya tenemos naturalizado pero que para otros países constituye una desagradable novedad.
Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan cuenta de que el crecimiento económico de casi 6% a nivel global que se estima para este año no sólo superaría la caída registrada durante la pandemia sino que superaría en un 2,5% la cifra de 2019. Pero este camino de fuerte aceleración económica, apalancada por numerosos estímulos fiscales para apuntalar la producción y el consumo durante la pandemia, puede generar un efecto inflacionario negativo.
En los Estados Unidos, por ejemplo, después de la caída de 3,4% de 2020, se comenzó a recuperar con fuerza el consumo privado, gracias al ahorro extraordinario en pandemia (por aportes estatales combinados con recortes de gastos personales en el contexto de emergencia sanitaria), generando un fuerte aumento de la demanda que presiona sobre los precios. Esta demanda interna viene siendo abastecida con un incremento en la producción muy superior al 2% promedio al que crece la capacidad productiva del país, superando el potencial uso de la capacidad ociosa. En ese sentido también juega fuerte el ingreso o reingreso de grandes masas ciudadanas al mercado laboral, con las previsibles pujas salariales (en EEUU se acuñó el neologismo “striketober” para dar cuenta del incremento de la conflictividad laboral durante el mes pasado).
Desde el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal considerar que el fenómeno inflacionario es absolutamente transitorio. Pero ya anticiparon la decisión de comenzar a desmontar los estímulos económicos generados el año pasado para lidiar con la crisis. Así, EEUU comenzará a reducir su programa de compras de bonos del Tesoro (a un ritmo de 15 mil millones de dólares por mes desde los 120 mil millones que alcanzó en algún momento) hasta retirarse definitivamente en junio de 2022. Pero desde la Reserva Federal plantean sus reservas y aclaran que “el rumbo de la economía de EEUU continúa dependiendo de la evolución del virus”.
En Europa la economía sigue el mismo patrón, aunque con algo de delay. La caída económica en la zona euro fue de 6% en 2020 y el Producto Bruto Interno (PBI) regional comenzó a recuperarse recién durante el segundo trimestre de este año (con un incremento de 2,2%, sobre todo por el empuje de económico de Francia e Italia), pero también la tasa de recuperación es varias veces superior a aumento de la capacidad productiva. En ese contexto, el Banco Central Europeo pronostica una dinámica de inflación permanente hasta mediados de 2022.
El fenómeno es aún más claro que en EEUU, con un incremento de precios que en octubre alcanzó un 4,1 % (casi cifras argentinas), un récord en 13 años, impulsado entre otros factores por un aumento de 23,5 % en las facturas de energía. La ex titular del Fondo Monetario Internacional y actual presidenta del Banco Central europeo Christine Lagarde reconoció hace pocos días que la inflación va a persistir por un tiempo impulsada por “el aumento de los precios de la energía, la recuperación de la demanda y los cuellos de botella en la oferta”.
En ese contexto, en los últimos días el presidente francés Emmanuel Macron confirmó la decisión oficial de entregar a sus ciudadanos un bono de 100 euros por mes a partir de este diciembre para quienes tengan ingresos menores a 2000 euros, para ayudar a cubrir el costo de los aumentos del combustible. Según se estimó, la medida beneficia a 38 millones de franceses. Más allá de que el tema es particularmente sensible en Francia (recordemos que el incremento de la gasolina fue el detonante de la enorme protesta de los “chalecos amarillos”), puede que algunos otros países de la Eurozona se vean obligados a implementar medidas similares para compensar los efectos no deseados de la aceleración económica post pandemia.
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