"La Corte: su historia, proceder recurrente y el juicio político a los Supremos"

Breves consideraciones históricas para entender el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Bueno es recordar que no se trata de un juicio a la Corte, sino a los integrantes de la Corte, los Supremos.



“Alea jacta est”.  Julio César, año 49 AC.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial, uno de los de la tríada de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sobre los cuales se asienta la vida institucional del país. Se dice que es (o debería ser) la guardiana de la Constitución y el último peldaño procesal en el control de constitucionalidad de las leyes.  

Si bien en el texto original de 1853 se preveía el número de nueve miembros para su conformación, a partir de la reforma constitucional de 1860 se dejó librado al Congreso de la Nación el dictado de una ley que determine el número de integrantes, circunstancia plasmada en la ley 27 del año 1862, que fijó su número en cinco ministros cortesanos. 

Más allá de alguna ocasional variante en la cantidad de integrantes por leyes específicas al respecto (Frondizi en 1958, siete miembros, o la recordada ampliación a nueve cortesanos en 1989 por parte de Carlos Saúl Menem), la cantidad de miembros casi siempre, al menos desde 1863, se ha mantenido en cinco integrantes.

Mucho, muchísimo menos pareja es la cuestión en cuanto al género, ya que sólo se registran los escasísimos antecedentes de tres (sí sólo tres) mujeres (Margarita Argúas en 1970, y Elena Highton y la fallecida Carmen Argibay, en 2004). Tres (3) mujeres contra ciento seis (106) hombres a lo largo de toda la historia de la Corte Suprema de Justicia. 

Hoy, insólitamente, son sólo cuatro los ministros de la Corte, y ya no quedan mujeres desde la jubilación en 2021 de Elena Highton. Sólo cuatro miembros que atraviesan la tormentosa realidad de contar con el más bajo índice de credibilidad social, comparable quizás, con la bochornosa Corte de la “mayoría automática” de los años noventa. 

Si bien la cantidad de cortesanos que integraron alguna vez el máximo tribunal ha mantenido cierto equilibrio, el notorio desequilibrio evidentemente se produce si se analiza el organismo desde la perspectiva de género. 

Es necesario en un futuro inmediato corregir normativamente esta anomalía, imponiendo cupos igualitarios entre hombres y mujeres, tal como existen en otros poderes del Estado.

También se impone necesariamente una ampliación de sus miembros, circunstancia que deberá estar acompañada de manera inevitable, por la división en Salas por competencia material, a los efectos de agilizar la resolución de los casos y darle mayor idoneidad a los decisorios. 

Todo esto, debería estar contemplado en el marco de una profunda, necesaria e integral reforma judicial. Ocurre que estas dos últimas palabras generan una especie de urticaria no sólo para los sectores más conservadores que –casualmente- anidan en el corazón del poder judicial argentino, sino para los poderes económicos concentrados, que históricamente se han visto favorecidos por sus fallos.

Como si de una concesionaria de autos se tratara, la Corte Suprema de Justicia ha sido siempre vendida con cartelitos que marcan las cualidades de lo que “debería ser” pero se han ocultado históricamente aquéllas acerca de lo que “realmente es”. 

Quienes la han vendido de esa manera, son precisamente los sectores interesados en que nada cambie. 

Salvo algún que otro período, como pudo haber sido la Corte Suprema que se constituyó en sintonía con lo que lo que pasó a denominarse como “Constitucionalismo Social” durante la década del 40 del primer peronismo, y la no sin justicia llamada “Corte Ejemplar” de 2004, lo cierto es que los integrantes del máximo tribunal de la Nación se han movido al influjo de los intereses de los sectores más poderosos y más concentrados. 

Quizá porque eran puestos por ellos, o quizá porque provenían del seno de las familias más acaudaladas, siempre representaron los mismos intereses. 

Sólo basta escudriñar en los inicios, desde su primigenia constitución en 1863 y durante toda la segunda mitad del S XIX y principios del S XX, y repasar los apellidos de los ministros de la Corte, que guardan curiosa coincidencia en algunos casos o parentesco en otros, con los de los 500 pícaros terratenientes que se repartieron las tierras “conquistadas” por Julio Argentino Roca a expensas de su pusilánime masacre de nativos. 

O tal vez también sea fácil advertir, que la jurisprudencia sistemática de esos tiempos ubicaba en el peldaño más alto de los valores humanos a la “propiedad privada”, por encima de cualquier otro. 

Y es por eso, entre otras muchas razones de peso quizás también, que para defender los privilegios que siempre defendieron, tuvieron que llegar a la ignominiosa Acordada del 10 de septiembre de 1930 en el que inauguraron la tristemente famosa “Doctrina de los gobiernos de facto”, por medio de la cual avalaron –y dieron pie a futuras justificaciones- la validez de lo actuado por todas las dictaduras militares que hubieron a lo largo del S XX. 

El nombre de los cuatro cortesanos que cometieron tal salvajada jurídica no debe ser olvidado: Roberto Repetto, Ricardo Lavalle, José Figueroa Alcorta y Antonio Sagarna. Votaron cuatro porque el quinto integrante -Antonio Bermejo- había fallecido en 1929 y aún no se había designado reemplazante. Y el Procurador General que también emitió dictamen convalidando la ignominia, fue un tal Horacio Rodríguez Larreta. 


Salvo esas raras excepciones que comentara, como pudieron ser la forjada por el constitucionalismo social marcado por la permeabilidad a ciertas corrientes keynesianas del Estado de Bienestar de la década del 40, o los supremos elegidos a partir de la recuperación de la democracia en 1983, o la Corte de 2004, salvo eso, todo o casi todo, ha sido una vergonzosa defensa de los intereses de los poderosos de siempre. 

En algunos casos con grandísimos juristas, como evidentemente lo han sido el mismo Repetto, u Orgaz, Borda, Colombres o Risolía; en otros casos, con verdaderos mamarrachos como lo fueron Nazareno, Barra, Vazquez, o López, integrantes de la tristemente célebre “mayoría automática” de los años 90. 

Por supuesto que hay honrosas excepciones aún dentro de cierta caterva de vergonzosos cortesanos: para no irnos tan atrás en el tiempo, justo es rescatar la dignidad y el decoro de Bossert, aún cuando integrara la mayoría automática del menemismo, o el mismo Fayt, al menos hasta el momento en que caprichosamente se atornilló en el mullido sillón de Talcahuano 550.   


Hoy, los miembros de la Corte Suprema de Justicia no son la excepción a lo que han sido a lo largo de su historia.

Chapaleando lodo para asomar al menos la nariz entre tanta mugre, lo que tienen para mostrar a la sociedad a la que se deben, es esta gavilla de cuatro forajidos cortesanos sobrevivientes, que se reparten entre un vaciador de obra social que funcionaba bien; un secuestrador de un senador (Mario Pais) para que no pudiera jurar como Consejero de la Magistratura y de esa manera garantizarle al macrismo la destitución del juez Eduardo Freiler; un ex abogado de grandes empresas que sigue fallando (ni siquiera se excusa) a favor de sus ex clientes; un ex integrante del Opus Dei protector de genocidas que “hizo resucitar” (¡!) una ley que había sido derogada para poder de esa manera auto designarse presidente del Consejo de la Magistratura (y auto votándose, cabe recordar, como Presidente de la Corte)… y todos, absolutamente todos ellos, mirando para otro lado cuando se violaban sistemáticamente las más elementales garantías constitucionales, mirando para otro lado cuando se perseguían opositores y se los encarcelaba “preventivamente” invocando ingeniosas doctrinas con apellidos vascos, (que casualmente dejaron de aplicarse cuando los imputados pasaron a ser los del otro signo político), mirando para otro lado cuando se cableaban cárceles, cuando se espiaba a medio mundo, hasta a los familiares de las víctimas del ARA San Juan (¿se puede ser más ruin?), cuando se quisieron afanar empresas de medios periodísticos a través de causas armadas, cuando miraron para otro lado en ocasión de que un Fiscal de la Nación desoyó ocho veces el llamado a indagatoria de un Juez Federal, cuando se hacen el perrito que tumbó la olla cuando ¡¡quisieron asesinar!! a la Vice Presidenta de la Nación y hay tantos, pero tantos hilos en ese sentido que conducen a dirigentes opositores… y la lista es tan, pero tan larga que todo no cabe en estas limitadas y humildes líneas, como tampoco cabe más que concluir que estos cuatro sujetos hace rato ya cruzaron el Rubicón de la indecencia. 

Y no lo cruzaron al galope. 

Han sido astutos. 

Lo cruzaron mojándose las patitas, de a poco, con globos de ensayos, prueba y error, pero ya lo cruzaron, porque sabemos por mandato histórico que de ciertas cosas no se vuelve. 

No hay retorno y lo saben, es por eso que están “jugados”. 

Lo saben, como también saben que la destitución que se propone a través de este juicio político que ha comenzado, difícilmente prospere. 

No dan los números, y hasta los mismos impulsores lo saben.

Pero es bueno, buenísimo y sano que ante la sociedad, se expongan las razones y causas que motivan el pedido de remoción, y también es sano y justo que los acusados tengan el derecho de defenderse de las acusaciones. 

Es sano también que la sociedad sepa, que quienes hoy se oponen, en 2004 aplaudían, porque como es de buen ciudadano saber, el Juicio Político es una herramienta prevista y consagrada en la Constitución Nacional. 

Es sano que la sociedad sepa también quiénes son estos personajes. 

Particularmente no creo que concurran en persona a dar explicaciones. Sería buenísimo pero no creo que se animen.

En su “dracúlea” lógica, la exposición a la claridad los aniquila. 

Prefieren la oscuridad que sus lúgubres acciones han sabido construir. 

Ahí, inmersos en esa hedionda oscuridad, esa que también le garantizan los medios dominantes de in-formación, se sienten a salvo. 

Como sea, cualquiera fuera el resultado del presente proceso, es importante que como sociedad nos comprometamos a ver las audiencias públicas, donde se expondrán las posturas a favor y en contra de la destitución. 

Bueno es recordar que no se trata de un “juicio a la Corte” sino a los “integrantes de la Corte”.

Es importante que veamos y analicemos la validez y veracidad de los argumentos en su más absoluta desnudez.

Porque como lo sabemos, la desnudez provoca rubores o incomodidades. 

Salvo para aquellos cuatro jinetes que alguna vez, se animaron a cruzar el Rubicón de la desvergüenza. 




Ignacio de Tuati
Abogado egresado de la UNL
Matrícula 6164

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