El procedimiento tuvo como objetivo recabar pruebas e indicios que determinen el contexto y las responsabilidades del crimen de Nahuel y de las heridas en otros dos miembros de la comunidad mapuche. Se hallaron balas utilizadas en escopetas 12-70, como las que utilizan Albatros y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), las fuerzas que operaron ese dÃa allÃ.
La inspección duró ocho horas y fue custodiada por un operativo de 70 agentes adentro del predio y otros 200 apostados sobre la ruta 40, según detalló el portal enestosdias.com.ar. Villanueva encabezó el procedimiento judicial y con él estuvieron el padre y un hermano de Nahuel, sus abogados, la diputada nacional Victoria Donda, una abogada de la Prefectura y dos prefectos.
No estuvieron los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que permanecen en la zona de los altos ni hubo contacto con ellos. Pero al finalizar la inspección, varios de ellos se acercaron y le gritaron “asesinos” a los integrantes de las fuerzas de seguridad y al juez que ordenó el operativo que terminó con el asesinato del joven mapuche.
La abogada de la familia, Natalia Araya, dijo que “en el interior de la comunidad no existen las tranqueras ni habÃa árboles caÃdos o con orificios de bala”. Es decir, todo lo contrario a lo que habÃa informado la ministra Seguridad, Patricia Bullrich. El lugar del supuesto “enfrentamiento” tampoco coincidÃa con los dichos de la funcionaria: el sitio donde Rafael Nahuel fue baleado no está a 400 metros de la tranquera de ingreso, sino “a unos mil o 1.500 metros” de la entrada; es decir, que el operativo avanzó más de lo que se habÃa informado.
En tanto, el magistrado analiza medidas de prueba solicitadas por la querella y se prevé que llame a declarar a prefectos aún no imputados. Por estas horas, además, Villanueva deberá definir si accede al cambio de carátula de “NN sobre muerte dudosa” a “homicidio agravado”, solicitado por la querella.