Este jueves la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe solicitó la prisión preventiva de Ángel Yamil Benavídez, detenido la semana pasada en un departamento del puerto donde habría operado una "cueva financiera".
El exfuncionario municipal fue imputado el viernes pasado por "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones" e "intermediación financiera no autorizada", tras lo cual se negó a declarar ante el juez Aurelio Cuello Murúa. En ese momento comenzó el plazo de 10 días con el que cuenta el magistrado para definir la situación procesal de Benavídez.
En ese marco, este jueves el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, solicitó la prisión preventiva, indicó que sólo por los delitos de "defraudación" el máximo de la pena en expectativa superaría los 50 años de prisión y que los vínculos del imputado y su posibilidad de acceder a dinero llevan a presumir que Benavídez "no se someterá al procedimiento y obstaculizará la investigación".
Uso de datos no autorizado
En su escrito, el fiscal señaló que Benavídez fue imputado porque "en forma personal, y/o como empleado del Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, desde septiembre de 2020 hasta la actualidad, desarrolló maniobras de manera habitual, a fin de obtener la emisión de 39 tarjetas de débito, mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado de datos de 39 personas".
Asimismo, "puso en circulación el dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud", maniobra que "desarrolló con la intervención parcial de la persona jurídica 'Servicios La resistencia Sociedad Simple'". La misma fue constituida en fecha 16 de noviembre de 2022 por Benavídez y otro hombre.
Para la Fiscalía, la gran cantidad de dinero incautado que el exfuncionario municipal tenía en su poder en el departamento del puerto de Santa Fe (45.251.600 pesos; 23.000 reales; 22.035 euros; y 83.172 dólares) "resultaría procedente de un hecho ilícito y tendría como finalidad ser aplicado a operaciones de lavado de activos"
Intermediación financiera
Además, le endilgaron que durante el período de tiempo referido, utilizando el alias "Juan García", realizó "actividades de intermediación financiera sin contar con la debida autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina". Del estudio preliminar de las conversaciones registradas en uno de los teléfonos celulares incautados, "se observan indicadores usuales de dichas actividades".
Así, Benavídez "recibió de diferentes personas dinero durante un tiempo acordado, a cambio de recibir un interés porcentual calculado en función del monto, con la posibilidad de mantenerlo invertido, o por lo contrario, retirar el monto e intereses percibidos, recibiendo a cambio de ello un rédito económico". También "efectuó operaciones de cambio de moneda extranjera tales como dólares, euros, pesos y reales, y actuó como intermediario en la adquisición de criptomonedas como otro recurso financiero".
Estas actividades "fueron financiadas con dinero proveniente del público indiscriminadamente, actuando así como intermediario entre la oferta y la demanda de recursos financieros", se explica en la imputación.
El fiscal federal solicitó al juez que dicte la prisión preventiva para Benavídez, alegando que los elementos con los que cuenta la causa permiten suponer que, de quedar en libertad, el imputado "no se someterá al procedimiento y obstaculizará la investigación".
Tarjetas y maniobras delictivas
En el escrito presentado por el fiscal a la justicia, afirma que la investigación develó que desde el mes de septiembre del año 2020 hasta la actualidad, el imputado "desarrolló maniobras de manera habitual, a fin de obtener la emisión de 39 tarjetas de débito, mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado de datos de 39 personas. Asimismo, puso en circulación el dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud".
Además, Rodríguez informa que de las entrevistas realizadas a los 39 titulares de dichas tarjetas se desprende que "la gran mayoría son personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física".
Asimismo, detalla que la procedencia de los mismos es: seis del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina de Santo Tomé, nueve de barrio Las Vegas de Santo Tomé, entre otros. Y que por la cercanía de los domicilios, la mayoría son vecinos y/o familiares entre sí.
Incluso, hay tres personas que de un mismo clan familiar -hermano, primo y tío- de Brian Emanuel Ríos, más conocido como “Chuki Ríos”, líder o ex líder de la fracción de la barrabrava del Club Atlético Colón de Santa Fe, denominada “La Negrada”.
Es con esta información, que el fiscal considera que el imputado no debería recuperar su libertad ambulatoria ya que podría "ponerse de acuerdo con posibles futuros imputados, sin descartar la repetición de actos de “captación” similares a los desplegados con anterioridad, es decir, aquellos que consistieron en el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero (entre 600 a 2000 pesos) a los fines de vulnerar la autodeterminación de la voluntad de personas afectadas por condiciones sociales, en este caso para afectar el normal desarrollo del proceso".
Fuente: SFA/RU/EL
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