Alega que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19. Una ley de Alberto Fernández favorece al laboratorio.
Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.
El caso, que podrÃa sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.
La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, cientÃficamente comprobados.
El demandante, que logró costear estudios médicos y asesorÃa legal, reclama una indemnización por:
Daño fÃsico y moral
Gastos médicos (daño emergente)
Incapacidad permanente
Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca
Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrÃcola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la vÃctima.
Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podrÃa abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.
En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el sÃndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.
La causa del jubilado mendocino podrÃa convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vÃa judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.
Fuente: NA
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