Más de 100 organizaciones reclaman al Senado que frene el paquete legislativo que modifica las reglas sobre la propiedad de tierras. Enrique Viale advirtió por el impacto ambiental y la pérdida de control sobre los recursos estratégicos.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Senado que frene el paquete legislativo que propone modificar la regulación sobre la propiedad de tierras y flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a territorios rurales. El cuestionamiento apunta al impacto ambiental, al control de los recursos naturales y a las condiciones que podrían facilitar nuevas inversiones de gran escala.
La discusión también incluye cambios vinculados con la protección de bosques, el acceso al agua y los beneficios para grandes proyectos. En ese contexto, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, sostuvo que la iniciativa pone en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos y pidió que los senadores rechacen el proyecto.
Viale consideró que la Ley de Tierras es “una ley netamente socioambiental” y afirmó que la propuesta busca “modificar, pulverizar más bien” las normas vigentes.
“En la Ley de Tierras se trata del control sobre nuestros territorios. ¿Quién decide qué hacemos en nuestros territorios? Y eso se flexibiliza, se entrega más bien a capitales extranjeros de una manera increíble”, cuestionó.
El abogado ambientalista señaló que uno de los puntos centrales es la derogación del artículo 10 de la normativa, que establecía limitaciones para el acceso de capitales extranjeros a tierras con disponibilidad de agua.
“Uno de los artículos que se deroga es el artículo 10 de la Ley de Tierras, que establecía las limitaciones a capitales extranjeros de acceder a tierra con acceso al agua. Nada más ambiental que el agua”, remarcó.
Según Viale, detrás de la reforma existe también un interés vinculado con la instalación de grandes centros de procesamiento de datos. “Detrás de esto están, entre otras cosas, los mega data centers”, afirmó.
Explicó que estas infraestructuras requieren grandes extensiones de tierra, energía y agua, y sostuvo que ese consumo genera conflictos en otros países. “Ese es el combo”, resumió.
La preocupación se profundiza, según planteó, ante el avance de un régimen especial de inversiones para grandes proyectos tecnológicos. Viale señaló que las condiciones previstas incluyen beneficios impositivos y financieros, además de estabilidad fiscal durante 30 años.
“Está en juego nada más y nada menos que el agua, la tierra, la energía”, advirtió.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostuvo que las modificaciones no deberían limitarse a reducir el porcentaje de tierras que podrían quedar en manos extranjeras. “Que se frene esta ley”, reclamó, y aseguró que gran parte del proyecto está compuesto por derogaciones de normas ya vigentes.
Entre los cambios cuestionados mencionó la eliminación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el uso de terrenos afectados por incendios. Para Viale, esa regulación permitía evitar maniobras especulativas posteriores a los siniestros.
“Permitía parar la especulación después de un incendio, o que los incendios no sean especulativos porque no permitía el cambio de uso del suelo. Bueno, eso lo derogan”, señaló.
También alertó sobre las consecuencias comerciales que podrían tener las flexibilizaciones ambientales. En ese sentido, recordó que los mercados internacionales avanzan hacia mayores exigencias para garantizar que los productos no provengan de zonas deforestadas.
“El mundo está cada vez más estricto, incluso eso va a ir creciendo”, afirmó. Además, anticipó que la Asociación lanzará en las próximas semanas un nuevo informe sobre las regresiones ambientales que, según su evaluación, se produjeron durante la actual gestión nacional.
“Suprimir normas ambientales afuera se paga caro en el comercio internacional. El cambio climático cada vez está más fuerte, la lucha contra la deforestación”, sostuvo.
Viale afirmó que el debate excede la cuestión ambiental y alcanza el manejo de los territorios y la soberanía nacional. “Está en juego el manejo de nuestro territorio, la soberanía. Hay que poner un parate acá”, expresó.
El abogado destacó el rechazo social que, según indicó, generó la iniciativa y mencionó movilizaciones previstas en distintas provincias. “Yo pocas veces vi tantas, por ejemplo, marchas en todo el país”, afirmó.
Consultado sobre las gestiones ante legisladores, Viale aseguró que mantienen conversaciones para intentar modificar el resultado de la votación. “Estamos intentando convencer y que estén a la altura de las circunstancias esos senadores que definen esto. Está voto a voto”, sostuvo.
En ese marco, realizó acusaciones sobre la forma en que el Gobierno habría conseguido apoyos legislativos en debates anteriores. “El problema es que el Gobierno ya ha comprado votos en otras leyes, ha apretado gobernadores, ha girado dinero y también hay prebendas directas”, afirmó.
Al referirse al interés de capitales extranjeros, Viale señaló que la iniciativa mantiene restricciones para Estados o empresas vinculadas con el Estado chino, una decisión que atribuyó a la influencia de Estados Unidos.
“Es China, es Estados Unidos. Igual esta tiene más influencia de Estados Unidos que de China”, consideró. Según explicó, el interés no estaría centrado en la compra directa por parte del Estado norteamericano, sino en la participación de grandes inversores privados.
Viale también cuestionó el rumbo de las políticas ambientales nacionales y aseguró que la reducción de la estructura institucional y la eliminación de normas implican una “regresión ambiental”.
“Lo vivimos con muchísima preocupación y muchísimo trabajo”, afirmó sobre la situación que atraviesan las organizaciones ambientales.
En ese sentido, sostuvo que “la violación de los derechos constitucionales ambientales es sistemática” y cuestionó la degradación del organismo ambiental nacional. “Habla del marxismo ecológico, le busca así palabras y nos ha colocado en el lugar de enemigos”, señaló.
El abogado advirtió que el escenario afecta especialmente a quienes trabajan en la defensa ambiental dentro de los territorios. “Para ambientalistas que están en los territorios es algo muy jodido. Es persecución judicial, es miedo, no es fácil, no es democrático”, expresó.
Pese a ese panorama, Viale consideró que existe una mayor conciencia social sobre la protección del ambiente. Como ejemplo, mencionó la participación ciudadana en audiencias públicas y el respaldo a acciones judiciales.
“La conciencia está. El problema es que acá hay grandes negocios atrás”, sostuvo.
Para el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la discusión también está vinculada con el modelo de desarrollo del país. “El saqueo nos empobrece más. No es solo una cuestión ambiental netamente”, afirmó.
Finalmente, cuestionó el régimen de inversiones y las condiciones que reciben grandes empresas extractivas. Señaló que las provincias tienen un límite para el cobro de regalías y que, luego de descuentos establecidos por la normativa, los porcentajes efectivos pueden ser menores.
Fuente: SFA/LT10
0 Comentarios