La producción de todos los derivados de la planta, con eje central en el uso medicinal y en el desarrollo del cáñamo, con fines industriales, son las columnas vertebrales de este nuevo mercado que, de acuerdo a estimaciones oficiales, podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo y un mercado de unos 500 millones de dólares anuales.
La norma prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que va a controlar el uso de del cannabis, de semillas y de todos sus derivados.
La intención del Gobierno es cerrar el año legislativo, en lo posible antes del recambio del 10 de diciembre, con la sanción de esta ley, que regula un sector que ya está en marcha con varios desarrollos en plena actividad.
Esta nueva va a e establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que permite el uso terapéutico del cannabis, pero en un nivel de pequeñas producciones. Desde el punto de vista industrial, concretamente se aspira a legalizar los derivados del cáñamo industrial, prohibidos por una disposición de la última dictadura cívico-militar.
La agencia de control, ARICCAME, regulará, fiscalizará y otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Dependerá del organigrama del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en su conducción habrá representantes de los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud.
«Es realmente imperioso que se sancione la ley, para darle orden y claridad a un proceso que ya se viene poniendo en marcha en el marco de la 27.350. Observamos que van despertando una cantidad de iniciativas en todo el país, pero en un marco de gran incertidumbre y muchos interrogantes. Será importante en adelante, concentrarnos en la definición de los detalles y aspectos puntuales que seguramente surgirán de la reglamentación que le de el Poder Ejecutivo Nacional, y una cantidad de resoluciones y disposiciones posteriores que necesariamente completarán el andamiaje jurídico del cannabis en Argentina», explicó el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis ArgenCann, Pablo Fazio.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y uno de los gestores del proyecto, explicó en el Senado, al discutirse la norma, que el mercado del cannabis industrial generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones”.
“Este es un proyecto que estamos trabajando desde hace más de un año, que tuvo mucho debate, con científicos, académicos y con empresarios que están esperando que se sancione esta ley para invertir. Argentina incorpora una nueva industria, una industria sustentable. Una industria que genera huella de carbono negativo que va a generar divisas y empleos”, dijo la diputada porteña del Frente de Todos Mara Brawer, autora del primer proyecto.
22 iniciativas provinciales y 80 municipales, son las que están a la espera de un marco normativo nacional. Esos desarrollos, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Hay una combinación tecnológica-productivo des estos proyectos, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.
Desde lo público, quien picó en punta fue Cannava, empresa estatal jujeña, presidida por Gastón Morales, el hijo del gobernador. Biofábrica es un emprendimiento similar en Misiones. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agripecuaria, hay iniciativas en las sedes de Castelar, de Patagonia Norte, en La Rioja y en San Juan. Hay avances mixtos (públicos y privados), como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. Y en el sector privado, esperan que esta discusión derive pronto en una ley para avanzar más decididamente con ideas de inversión.
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