El Gobierno nacional denunciĆ³ a los jueces federales, al CEO del Grupo ClarĆn y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario pĆŗblico y dĆ”divas", segĆŗn se informĆ³ oficialmente.
"Por instrucciĆ³n del Presidente de la NaciĆ³n argentina, Alberto FernĆ”ndez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, MartĆn Soria, presentĆ³ una denuncia penal en la FiscalĆa Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento", se indicĆ³ en un comunicado oficial.
"Por instrucciĆ³n del Presidente de la NaciĆ³n argentina, Alberto FernĆ”ndez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, MartĆn Soria, presentĆ³ una denuncia penal en la FiscalĆa Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento"
Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene "la entrega de los aparatos de telefonĆa celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos".
DƔdivas
Hace algunos meses, una investigaciĆ³n periodĆstica de El Destape revelĆ³ la constancia de vuelo que mostraba la nĆ³mina de los hoy denunciados y, el fin de semana Ćŗltimo, el diario Tiempo Argentino develĆ³ el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versiĆ³n construida de las caracterĆsticas de ese viaje.
SegĆŗn se precisĆ³, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunciĆ³ por incumplimiento de los deberes de funcionario pĆŗblico y admisiĆ³n de dĆ”divas al juez federal JuliĆ”n Ercolini; al integrante de la CĆ”mara Federal de CasaciĆ³n Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal EconĆ³mico NĀŗ 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1Āŗ instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.
A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad AutĆ³noma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
Por otra parte, se acusĆ³ por el ofrecimiento de dĆ”divas al CEO del Grupo ClarĆn, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habrĆa desarrollado el encuentro, NicolĆ”s Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurĆdicos de la entonces SecretarĆa de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a TomĆ”s Reinke, publicista especializado en publicidad digital y polĆtica.
En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un aviĆ³n privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (RĆo Negro), con financiamiento desconocido.
"Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habrĆa sumado el CEO del Grupo ClarĆn, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de HĆ©ctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aĆŗn no identificadas", seƱala el comunicado difundido por la Presidencia de la NaciĆ³n.
"Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habrĆa sumado el CEO del Grupo ClarĆn, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de HĆ©ctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aĆŗn no identificadas"
Ya en territorio patagĆ³nico y "segĆŗn la informaciĆ³n que tomĆ³ estado pĆŗblico", la comitiva completa se dirigiĆ³ en vehĆculos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate britĆ”nico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios pĆŗblicos descriptos, entre ellos magistrados de la NaciĆ³n y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estarĆamos ante la existencia de una entrega y aceptaciĆ³n de dĆ”divas, dando lugar a la comisiĆ³n de diversos delitos que el Ministerio PĆŗblico Fiscal tiene, ademĆ”s, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la ConvenciĆ³n de las Naciones Unidas contra la CorrupciĆ³n”.
Graves delitos
Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepciĆ³n de las dĆ”divas no solo constituye una afectaciĆ³n repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la Ć©tica republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios pĆŗblicos, constitutivo del delito previsto en el artĆculo 248 del CĆ³digo Penal”.
“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamĆ”s deberĆan producirse. Es justamente la falta de reacciĆ³n por parte del Ć³rgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en polĆtica", se afirma en el cuerpo de la denuncia.
Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la NaciĆ³n".
El lunes Ćŗltimo, por cadena nacional, el presidente Alberto FernĆ”ndez anunciĆ³ que habĆa instruido al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteƱo y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestiĆ³n de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.
Al mismo tiempo, solicitĆ³ al Congreso que "avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la NaciĆ³n".
TambiĆ©n informĆ³ que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirĆ” el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la ComisiĆ³n de Disciplina del cuerpo.
Fuente: TelƔm
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