La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar y obligó al Gobierno a ejecutar la norma sin demoras. También cuestionó la apelación oficial y consideró que el impacto fiscal es bajo.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo. El fallo confirma una medida cautelar previa y vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas.
La decisión judicial se da en medio de un conflicto que se arrastra desde 2024 y que tuvo como protagonistas a estudiantes, docentes y autoridades universitarias en todo el país, con movilizaciones masivas en defensa del sistema educativo.
En concreto, la resolución obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes —desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025— y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Al analizar la apelación del Estado, los jueces fueron contundentes y consideraron que los argumentos presentados resultan “poco serios”, al rechazar la idea de que la cautelar implicara una sentencia definitiva encubierta.
Además, el tribunal remarcó que el impacto fiscal de la medida es limitado y que no afecta de manera sustancial el interés público. Por el contrario, sostuvo que lo que está en juego es un derecho central garantizado por la Constitución: el acceso a la educación superior.
La cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas. En ese momento, el magistrado ya había advertido sobre una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” por parte del Ejecutivo.
El conflicto se originó luego de que el Gobierno dictara el decreto 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley y condicionó su implementación a la definición de recursos específicos. Para la Justicia, esa decisión presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que la norma requiere una previsión presupuestaria que debe ser definida por el Congreso y no por la Justicia, y alertan sobre su impacto en el equilibrio fiscal, un argumento que fue desestimado por la Cámara.
Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar en una nueva propuesta legislativa que modifique el esquema vigente y logre consenso político, en un intento por encauzar un conflicto que sigue abierto tanto en el plano judicial como en el político.
Fuente: INFOBAE
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