La Fiscalía aseguró que, junto a su madre y otras personas, eliminó conversaciones y archivos de WhatsApp de un teléfono incautado por Asuntos Internos. Investigan posibles vínculos con funcionarios públicos.
Un hombre quedó en prisión preventiva acusado de haber participado en el borrado remoto de chats y archivos de un celular que había sido secuestrado por orden judicial en el marco de una investigación penal en Rosario.
La audiencia imputativa se realizó este viernes y estuvo a cargo del juez Lisandro Artacho, quien dio por formalizada la acusación y dispuso 30 días de prisión preventiva efectiva para Sergio L.
La investigación es encabezada por el fiscal Pablo Socca, quien atribuyó al imputado los delitos de violación de sellos y documentos por sustracción e inutilización de objetos custodiados, en calidad de coautor.
Según detalló el Ministerio Público de la Acusación, el hombre habría actuado junto a su madre, identificada como Norma A., y otras personas todavía no identificadas, para eliminar evidencia digital contenida en un celular Motorola Edge 30 que había sido secuestrado por Asuntos Internos.
Cómo habría sido el borrado remoto
De acuerdo a la acusación, la maniobra comenzó el 21 de mayo de 2025, luego de que la mujer recuperara la libertad tras una causa por falso testimonio.
Siempre según la Fiscalía, al salir de la sede de Asuntos Internos en Catamarca al 1200, la mujer se dirigió a una sucursal de la empresa Personal en Rosario y denunció falsamente el extravío de su teléfono para obtener una nueva tarjeta SIM manteniendo la misma línea.
Posteriormente habría ido hasta un domicilio de la zona sur de Rosario para encontrarse con su hijo, quien trabaja reparando celulares y posee conocimientos de informática.
La hipótesis fiscal sostiene que allí colocaron la nueva SIM en otro teléfono y reactivaron la cuenta de WhatsApp utilizando la cuenta de Gmail vinculada al dispositivo secuestrado.
A partir de ese momento, siempre según la investigación, comenzaron a eliminar de manera remota chats, imágenes y archivos seleccionados del teléfono que estaba bajo custodia judicial.
Entre el material borrado habría conversaciones con terceros y también con funcionarios públicos que aún no fueron identificados.
Para la Fiscalía, la maniobra tuvo como objetivo alterar y destruir evidencia digital que podía ser utilizada dentro de la investigación en curso.
Fuente: SFA/R2
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