La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal para que se investigue a autoridades políticas y agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad por el operativo desplegado este jueves en los alrededores del Congreso.
La presentación se realizó mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y quedó asignada a un juzgado este viernes. La CPM intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y como parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, organismos desde los que monitorea los operativos de seguridad durante manifestaciones.
Según el organismo, la denuncia busca determinar las responsabilidades por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta, en la que se registraron enfrentamientos y episodios de violencia.
La presentación judicial se suma a la denuncia realizada por el Gobierno contra manifestantes por los incidentes ocurridos durante la jornada. De este modo, la represión registrada frente al Congreso quedó bajo investigación judicial, mientras continúa la controversia política por el operativo de seguridad.
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