Más allá de sus distintas acepciones, en el debate público argentino la palabra «ajuste» suele asociarse a una idea concreta: reducir, recortar, achicar. Así aparecen expresiones como ajuste fiscal, ajuste del gasto, de los salarios, de las jubilaciones, de los subsidios y de la obra pública.
Por: Ricardo Raúl Roccaro
Como podemos observar, la palabra aparece con mucha asiduidad cuando se habla de las cuentas públicas.
Nadie puede desconocer la importancia de ordenar las cuentas del Estado. La Argentina arrastra una historia prolongada de déficit fiscal, endeudamiento, inflación.
Si para ordenar, es necesario ajustar, aquí surge una pregunta: ¿Cuál es el costo de los ajustes?
No existe una única respuesta, porque el costo depende de qué se ajusta, cómo se hace, durante cuánto tiempo y sobre quiénes recae el mayor esfuerzo. También depende de los resultados que finalmente produzcan las medidas adoptadas: un ahorro inmediato puede generar consecuencias económicas y sociales que reduzcan parte de sus beneficios iniciales.
Como un dato ilustrativo de la realidad actual, podemos citar que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras la indigencia llegó al 7,5%.
No se trata de atribuir automáticamente estos indicadores a una única política económica. La realidad social argentina es mucho más compleja y arrastra problemas estructurales de larga data, pero tampoco sería razonable desconocer que detrás de cada porcentaje existen hogares cuya capacidad de consumo, ahorro y previsión se encuentran severamente limitadas.
Y allí aparece una cuestión central: Cuando el ajuste puede transformarse en una espiral.
Una economía necesita demanda para producir, inversión para crecer, empleo para generar ingresos y consumo para sostener la actividad.
Cuando una familia pierde capacidad de compra, consume menos; al consumir menos, los comercios venden menos; por lo tanto, reducen pedidos a sus proveedores. Estos, al recibir menos pedidos, postergan inversiones y tienden a reducir horas trabajadas o empleo; y cuando disminuye el empleo caen los ingresos. Esto hace que vuelva a caer el consumo, y se debilita la actividad económica, y por supuesto, también impactará en la recaudación tributaria.
Es allí donde aparece lo que podríamos denominar la espiral negativa del ajuste.
No significa que todo ajuste produzca necesariamente recesión. Tampoco que todo gasto público genere crecimiento.
Significa algo diferente: un ajuste puede alcanzar un punto en el que la reducción del gasto público o la caída de los ingresos disponibles de los hogares comienzan a debilitar la demanda y la actividad económica, dificultando la recuperación que se busca alcanzar.
Existen otros datos recientes que merecen atención:
El INDEC informó que, en julio de 2026, la actividad económica cayó un 1,4% interanual y un 2,9% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. La producción industrial manufacturera registró una disminución interanual del 4,9% y una caída del 5,0% frente a junio, también en términos desestacionalizados. Las ventas en supermercados descendieron un 2,1% interanual en julio y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año. Por su parte, las ventas minoristas pyme relevadas por CAME acumularon una retracción del 2,4% en los primeros ocho meses de 2026.
Son indicadores diferentes, con metodologías diferentes, pero señalan una misma cuestión que merece ser discutida: el equilibrio fiscal no garantiza, por sí mismo, la recuperación de la actividad económica, y algunos sectores sufren mayores consecuencias.
¿Quiénes son los más perjudicados?
El ajuste no impacta de la misma manera sobre todos.
Los jubilados, en su gran mayoría, tienen limitada su capacidad para compensar una caída de ingresos.
Los trabajadores informales enfrentan una situación particularmente compleja porque carecen de buena parte de los mecanismos de protección asociados al empleo registrado.
Las pequeñas y medianas empresas enfrentan, además, una combinación delicada: costos que deben afrontar todos los meses y una demanda que puede no acompañar.
Y existe otro sector cuya situación merece una mirada particular: los jóvenes.
Una economía que posterga inversiones, reduce oportunidades laborales o demora la creación de nuevos puestos de trabajo puede generar un costo que no aparece inmediatamente en las cuentas públicas: la pérdida de expectativas.
El joven que no consigue su primer empleo, el profesional que posterga independizarse o la persona que decide emigrar no representan solamente una estadística laboral. También expresan una economía que tiene dificultades para transformar crecimiento potencial en oportunidades concretas.
El Estado también ajusta su inversión
Hay un aspecto adicional que debería formar parte de esta discusión: no todo gasto público tiene la misma naturaleza.
Reducir una erogación corriente puede producir un efecto diferente al que genera postergar una obra de infraestructura, una inversión educativa, científica o tecnológica.
La diferencia es importante porque el gasto de capital, aunque requiere recursos en el presente, puede crear activos con una vida útil prolongada e incrementar la capacidad productiva futura. Una ruta, una obra hidráulica, una infraestructura energética o una inversión tecnológica pueden contribuir a mejorar la productividad y competitividad de la economía.
Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto gasta el Estado, sino también a qué gasto se elimina, cuál se conserva y cuál se transforma en inversión capaz de generar crecimiento futuro.
¿Hasta cuándo?
Esta pregunta no pretende negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas, por el contrario: quizás el verdadero desafío sea lograr que el ajuste deje de ser el centro de la política económica y pase a ser una etapa dentro de un proceso más amplio.
El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para construir estabilidad. Pero la estabilidad necesita posteriormente crecimiento, inversión, empleo y recuperación del ingreso, porque si una economía consigue equilibrar sus cuentas públicas pero no consigue generar suficientes oportunidades, el problema simplemente cambia de lugar.
¿Cuál es el momento en que el ajuste deja de ser una herramienta para ordenar la economía y comienza a convertirse en un obstáculo para que esa misma economía pueda crecer?
La respuesta no se encuentra en una consigna política ni en una cifra aislada, sino en analizar de manera conjunta la evolución del resultado fiscal, la actividad económica, el empleo, los salarios, el consumo, la inversión y, fundamentalmente, las condiciones de vida de la población. Porque el desarrollo de un país no se mide únicamente por el equilibrio de sus cuentas públicas, sino por la capacidad de ese equilibrio para traducirse en resultados concretos: más producción, más empleo, mejores ingresos y mayores oportunidades para la sociedad.
Por lo tanto, el verdadero desafío argentino no es simplemente terminar con el ajuste, sino conseguir que, finalmente, el ajuste deje de ser el horizonte y se convierta en el punto de partida del crecimiento.
Ricardo Raúl Roccaro
Contador Público Nacional
Magister en Administración Pública
Docente por 27 años en la Universidad Católica Santa Fe





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